Los fiscales en una demanda han centrado su atención en la tardanza de Meta, la empresa matriz de Instagram, en implementar herramientas de seguridad fundamentales, como un filtro de desnudez anti-explicita en los mensajes directos (DMs) enviados a adolescentes. A pesar de que la compañía reconoció la existencia de un problema relacionado con el envío de imágenes inapropiadas en 2018, no fue hasta abril de 2024 que finalmente lanzó una función que borra automáticamente tales imágenes. Este retraso ha suscitado críticas, especialmente dado el testimonio del jefe de Instagram, Adam Mosseri, donde admitió que había conciencia de los potenciales peligros desde casi seis años atrás.
Durante la declaración de Mosseri, se discutió una cadena de correos electrónicos de 2018 con Guy Rosen, vicepresidente de Meta, en la que se destacó que “cosas horribles” podían suceder a través de los DMs de Instagram, incluyendo el envío de fotos desnudas. A pesar de esta clara percepción de riesgo, Mosseri defendió la respuesta de la empresa, sugiriendo que Meta estaba intentando equilibrar la necesidad de privacidad de los usuarios con la seguridad. El testimonio también reveló estadísticas alarmantes, mostrando que el 19.2% de los encuestados adolescentes vio contenido sexual no deseado en la plataforma y que un 8.4% había presenciado comportamientos de autolesión o amenazas de autolesión.
El caso plantea interrogantes sobre la responsabilidad de Meta en la protección de sus usuarios más jóvenes y la cuestión de por qué se requirió tanto tiempo para actuar ante una problemática que la empresa conocía. Aunque se han implementado algunas medidas de protección, como cuentas específicas para adolescentes y herramientas para que los padres gestionen el acceso de sus hijos, los fiscales parecen estar más interesados en la omisión de la empresa y su compromiso a largo plazo con la seguridad juvenil, que en las medidas recientes que buscan mitigar los riesgos.
Meta, al ser contactada para comentar, enfatizó su compromiso con la seguridad de los adolescentes, afirmando que han trabajado junto a expertos y padres durante más de una década. Sin embargo, mientras la compañía declara estar orgullosa de sus logros y mejoras, la realidad de los litigios en curso puede indicar que muchos consideran que las acciones de Meta han llegado demasiado tarde, y repercusiones legales podrían resultar de esta percepción pública de negligencia hacia la seguridad de los menores.
Los juicios no solo involucran a Meta, sino que también se extienden a otras plataformas como Snap, TikTok y YouTube, que enfrentan acusaciones similares sobre el diseño de sus aplicaciones que promueve un comportamiento adictivo entre los adolescentes. Con un creciente número de legislaciones que buscan restringir el uso de redes sociales por jóvenes, el caso en el Tribunal de Distrito de EE.UU. en California podría establecer un precedente significativo sobre cómo las gigantes tecnológicas deben manejar la seguridad y salud mental de sus usuarios más jóvenes en el futuro.
